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Por Humberto Vargas Carbonell
 El 28 de junio, un día domingo, será recordado siempre como el día en que sectores del imperialismo yanqui y la oligarquía subordinada intentaron asesinar la democracia en Honduras. La democracia ha sido salvada por el valiente combate del pueblo hondureño.
Estamos viviendo los momentos decisivos de la primera fase de ese combate. Convencidos como estamos que el movimiento popular hondureño no se conformará con el restablecimiento de la democracia formal, sabemos que se abrirán nuevos caminos para transformaciones económicas y sociales profundas.
Después de las experiencias vividas y los combates librados nadie podría pedir a este pueblo que regrese a la pobreza de antes, a la brutal explotación a que ha estado sometido durante toda su historia. Nadie le puede exigir que se someta al poder de unas pocas familias de oligarcas que, como vampiros insaciables, han chupado la sangre y el sudor de este heroico pueblo.
El Presidente Oscar Arias, por su gestión y en permanente contacto con la señora Hillary Clinton, propuso un plan de arreglo de la situación que han dado en llamar “Pacto de San José”. El plan de Arias sirvió como un medio para que la dictadura de Michelleti ganara tiempo. Todo parece indicar que este propósito no fue logrado. El regreso de Zelaya impidió que se desarrollaran nuevas maniobras dilatorias. El golpe de Estado está condenado a muerte.
Ha llegado la hora de revisar los acontecimientos vinculados con la llegada de Manuel Zelaya al Aeropuerto Juan Santamaría.
Cuando Oscar Arias llegó al Aeropuerto para encontrarse con el Presidente Zelaya, dijo a los periodistas que no sabía nada hasta antes de ser informado de que el secuestrado se encontraba en el aeropuerto.
Todos los indicios señalan es que el Presidente mintió. No puede explicarse de otra manera que los funcionarios de gobierno estuvieran enterados de lo que ocurría y de que el Presidente Arias lo ignorara.
El señor Leonardo Derek Meneses Soto presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, alegó entre otras razones que el avión que trajo al Presidente secuestrado había aterrizado sin el permiso previsto en el inciso 5 del artículo 121 de la Constitución Política, la violación de la soberanía nacional y de otras normas constitucionales.
Los documentos presentados por los funcionarios en respuesta al recurso arrojan datos interesantes que es importante reseñar.
El gobierno mintió
El Comisario Oldemar Madrigal Medal, Director del Servicio de Vigilancia Aérea y Viceministro de Seguridad Pública, declara, en respuesta a una pregunta de la Señorita Ingrid Luna Ramírez, Periodista de la Oficina de Prensa del Ministerio de Seguridad Pública, que “45 minutos antes de la llegada (se refiere al avión que traía al Presidente secuestrado) fui avisado telefónicamente por el Director de Protocolo de la Cancillería”.
Esto significa que poco después del secuestro las autoridades costarricenses estaban enteradas de que el Presidente Zelaya había sido secuestrado y que los golpistas lo enviaban a San José.
¿Por qué el Gobierno de Costa Rica no dijo la verdad?
La sección aérea del Ministerio de Seguridad Publica fue preparada para el avión que trajo al Presidente Zelaya.
Otro hecho que prueba que Gobierno sabía de la llegada del avión que trajo al Presidente Zelaya, secuestrado, víctima de un golpe de Estado, es que el Viceministro de Seguridad Oldemar Madrigal Medal ordenó a la “torre de control” desviar el avión hondureño hacia la Base 2 o Sección Aérea, que es parte del Ministerio de Seguridad Pública. Esto no es habitual. La Sección Aérea es para uso exclusivo de naves o funciones de gobierno. Sus funciones pueden verse en la página de Internet del Ministerio de Seguridad Pública.
Los encargados del manejo de los aterrizajes informan lo siguientes: “Alrededor de las 7 de la mañana, hora local, recibimos una llamada telefónica desde la Sección Aérea preguntándonos si no teníamos alguna aeronave privada procedente de Honduras. No teníamos nada al momento por lo que nos informaron que una aeronave procedente de MHTG con el Presidente Zelaya a bordo venía de camino hacia Costa Rica y que enviáramos esa nave directamente a la plataforma de la Sección Aérea”.
Nadie puede creer que asunto de esta envergadura fuera manejado por el Director de Protocolo de la Cancillería. La verdad es que las más altas autoridades estaban enteradas de lo que estaba ocurriendo en Honduras. Es la única forma de entender su conducta.
Los pilotos del avión de los golpistas no pasaron los trámites de migración
El asunto llegó más lejos. Según la información oficial, el avión se mantuvo en el aeropuerto Juan Santamaría (en los dominios del Ministerio de Seguridad Pública) durante 51 minutos después de haber bajado de la nave al Presidente Zelaya, en pijama, sin zapatos, tal como lo sacaron de su dormitorio. ¿Por qué migración no revisó los documentos de los pilotos y posiblemente de otros militares que estaban en el avión? ¿Quién lo ordenó? ¿Quién tenía en ese momento autoridad para obviar el cumplimiento de un deber tan elemental? ¿Cuál era el funcionario a cargo de migración el 28 de junio por la mañana en el Aeropuerto Juan Santamaría? En ningún documento aparecen los nombres de los tripulantes del avión.
El viceministro considera que se trata de un vuelo diplomático y pide no se exija el plan de vuelo
Pero hay hechos más graves aún. El documento “Reporte de Incidentes y Accidentes de la Torre de Control” dice lo siguiente: “La aeronave estuvo poco tiempo en tierra. Aproximadamente 10 minutos después del aterrizaje estaba solicitando rodaje para iniciar vuelo de vuelta a Honduras. Aquí debo hacer notar que tanto la tripulación de la aeronave, como personeros de la Sección Aérea nos solicitaban que permitiéramos a la aeronave partir sin el plan de vuelo debido al carácter diplomático del vuelo.
“A esta petición yo me negué rotundamente y les hice saber que para que esa nave pudiera despegar, yo necesitaba o su plan de vuelo correspondiente, tramitado a través de la oficina AIS; o una autorización por escrito de alguna autoridad jerárquica superior permitiéndole salir sin plan de vuelo”
“Finalmente recibimos el plan de vuelo por escrito y la aeronave partió hacia Hondura sin ninguna otra eventualidad”. Hasta aquí el informe de la Torre de Control.
Resulta que en su explicación a la Sala IV la señor Ministra de Seguridad Pública dice no conocer nada de este asunto, pero resulta que el Viceministro decide dónde debe acomodarse el avión y luego pide a la Torre de Control que se le permita partir sin cumplir con los requisitos que se exige en todos los aeropuertos del mundo. Este mismo viceministro le da carácter diplomático al secuestro de que fue víctima el Presidente Zelaya. Es evidente que todo el Gobierno, no sólo el viceministro y el jefe de protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores, estaban enterados de lo que ocurrió en Honduras el 28 de junio.
Una descarada comunicación de la embajadora golpista
La manipulación de los conceptos se convirtió en inaudito descaro con la carta que la Embajada (golpista) de Honduras dirigió al Ministro de Relaciones Exteriores y Culto en que dice: “en ocasión de solicitar de la manera más respetuosa, se gestione ante la autoridad correspondiente la Exoneración de Impuestos de la aeronave que se describe a continuación y que trasladara al Excelentísimo Señor José Manuel Zelaya Rosales, el pasado domingo 28 de junio de 2009, desde Tegucigalpa, Honduras, hacia Base 2 del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría de Costa Rica…”
No tenemos información sobre la contestación del Gobierno, lo cierto es que esta burla era suficiente razón para desconocer a esa representación diplomática.
Al Presidente Zelaya se le tiró como si fuera un bulto, en ropas de dormir, sin zapatos, en medio de la pista y la embajada golpista irrespeta al gobierno con la carta que dejamos transcrita.
El gobierno de Costa Rica viola una convención de las Naciones Unidas y varias disposiciones del Código Penal
Tratados internacionales, aprobados por la Asamblea Legislativa, así como la ley nacional obligaban a las autoridades a apresar a la tripulación y a retener a la nave.
Nos referimos de manera especial a la “CONVENCIÓN SOBRE LA PREVENCIÓN Y EL CASTIGO DE DELITOS CONTRA PERSONAS INTERNACIONALMENTE PROTEGIDAS, INCLUSIVE LOS AGENTES DIPLOMÁTICOS”, que fue suscrito el 14 de diciembre de 1973 y aprobado por la ley 6077 de 11 de agosto de 1977 y a la ley 8719 conocida como ley de Fortalecimiento de la legislación contra el terrorismo.
El artículo 1 de la Convención dice que para los efectos de presente Convención se entiende por “persona internacionalmente protegida”:
“b) Cualquier representante, funcionario o personalidad oficial de un Estado o cualquier funcionario, personalidad oficial u otro agente de una organización intergubernamental que, en el momento en el momento en que se cometa un delito contra él, sus locales oficiales, su residencia particular o sus medios de transporte, tenga derecho, conforme al derecho internacional, a una protección especial contra todo atentado a su persona, libertad o dignidad, como los miembros de su familia que formen parte de su casa;…”
No cabe ninguna duda de que el Presidente Zelaya esta comprendido por la definición que hace el texto anterior.
El artículo 215 del Código Penal (reformado por la ley 8719) establece que “la pena será de quince a 20 años de prisión… inciso 7) “Cuando la persona secuestrada sea funcionario público, diplomático o cónsul acreditado en Costa Rica o de paso por el territorio nacional, o cualquier persona internacionalmente protegida de conformidad con la definición establecida en la ley número 6077…”
Además, la Convención aprobada por la ley 6077 establece 2.- “se entiende por “presunto culpable” respecto de quien existan suficientes elementos de prueba para determinar prima facie que ha cometido o participado en uno de los delitos previstos en artículo 2., entre los cuales se citan los siguientes:
a) la comisión de un homicidio, SECUESTRO u otro atentado contra la integridad física o la libertad de una persona internacionalmente protegida;
b) la comisión de un atentado violento contra los locales oficiales, la residencia particular o los medios de transporte de una persona internacionalmente protegida que pueda poner en peligro su integridad física o su libertad; ..”.
Obviamente, los militares que trajeron al Presidente Zelaya debieron considerarse presuntos secuestradores y actuar en consecuencia.
¿Por qué no se cumplió le ley? ¿Por qué se les dejó salir sin controles de migración?
¿Esta conducta fue el resultado de una negociación de Oscar Arias con los golpistas?
Esta es la tesis más plausible.
De acuerdo con nuestra legislación penal debió capturarse a los pilotos secuestradores que trajeron al Presidente Zelaya.
Establece el artículo 7 del Código Penal que se considera delito internacional “otros hechos punibles contra los derechos humanos previstos en los tratados suscritos por Costa Rica o en este Código”. Esta disposición refuerza la tesis de que ante la evidente violación de los derechos fundamentales del Presidente Zelaya, la aplicación de la ley hacía obligatoria la detención de los pilotos.
Así, pues, resulta clarísimo que el gobierno de Oscar Arias estuvo bien enterado de que se había dado un golpe de Estado en Honduras y que el Presidente Zelaya sería traído al país como efectivamente se hizo. Si es cierto que razones humanitarias hacían obligatorio recibirlo, estas razones no eran suficientes para garantizar a los militares golpistas y presuntos secuestradores, la impunidad, como lo hizo el gobierno de Oscar Arias. Estas razones lo descalifican como mediador de buena fe en el conflicto político generado por el golpe de Estado contra el Presidente Zelaya. Lic. Rosa Cristina Báez Valdes
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